LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA ES COSA DEL ESTADO Y (II)

Como decíamos en la zimonada anterior, uno de los temas nucleares por el que los políticos se pelean sin miramientos, es la enseñanza. Las causas de esta rivalidad, de este antagonismo, es el afán de poder que, en muchas ocasiones pretenderá dominar coercitivamente a los ciudadanos, amparándose en leyes injustas.

Si el gobernante tuviera presente que es un servidor del Estado, de los ciudadanos que lo componen, no existiría tal encono, ni tantos cambios en las leyes que rigen la educación de un país, como es el caso de España. ¿Por qué? Porque los servidores públicos, que sólo buscan en bien para los gobernados, han de defender la libertad y el pluralismo de ideas. Por eso decíamos al principio que la libertad de enseñanza es cosa del Estado, y que todo gobierno debe respetar.

Es una pena que se tenga que salir a la calle para defender unos derechos, como el de la libertad de enseñanza. Muy al contrario, el Estado y, por ende el gobierno de turno, debe reconocer como un alto deber el defender esa libertad. Y no aprovecharse de su mayoría parlamentaria, por ejemplo, para obtener leyes partidistas.

Todo esto es difícil; pero si no se hace se incurre en un grave pecado democrático: resultan obvios la conculcación de derechos, la negación de libertades y el abuso de poder.

Y lo tremendo además, es que el Estado tiene un deber subsidiario respecto a la enseñanza que, en primer lugar corresponde a los padres. Pero estos no están dotados ni organizados para educar a sus hijos en todas las ramas del saber, ni tienen elementos técnicos o administrativos para estas tareas que, repito, el Estado debe hacer frente en virtud de la ley de subsidiariedad. Y cuidado, no se puede escatimar este esfuerzo a centros educativos que no sean de la línea ideológica del gobierno de turno; sea cual sea el color y la posición.